Ponencia de Manuel Alejandro Vázquez en el Seminario Construyendo la Democracia llevado a cabo el 11 de Febrero de 2010 en el IFE Sede Coacalco

Buenas tardes ponentes, alumnos, amigos, público y familia, antes que nada quiero agradecer a los coordinadores de este evento Héctor Virgilio Esau Jaramillo, quien orgullosamente fue mi alumno en mi facultad de derecho de la UNAM, así como también a Helio de la Garza, Vocal Ejecutivo de esta Junta Distrital por darme el honor y privilegio de invitarme como ponente en este segundo ciclo de conferencias de este Seminario que sin duda está siendo un éxito, esperando no romper con este esquema ni herir susceptibilidades, por ello me permito disculparme previamente.
También estimo necesario comentarles que soy librepensador, y como tal comparto la ideología de las tres principales fuerzas políticas que son PRI, PAN y PRD, y al mismo tiempo también repruebo y rechazo ciertas acciones de tales partidos, pero me permito sincerar que tengo mayor inclinación y empatía hacia el Partido Revolucionario Institucional.
El presente foro es sobre democracia y gobierno, por ello es menester puntualizar y definir estos aspectos, no sin antes remontarnos al verdadero sentido de la soberanía, atendiendo al tema central de este Seminario que es “Construyendo la Democracia”.
El Derecho emana de la única fuente que posee la capacidad intrínseca de producirlo, que es el pueblo soberano, de acuerdo con el artículo 39 de nuestra Carta Magna y que textualmente establece lo siguiente:
“Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.”
La soberanía se acepta comúnmente que se trata de un elemento esencial del Estado que se traduce en la capacidad jurídica que tienen los órganos del Estado de ejercer coerciblemente, mediante determinados procedimientos, las tareas de producción y de ejecución de las normas jurídicas que regulan la convivencia social y las relaciones mismas con el Estado, de manera sencilla; también podemos definir a la soberanía como la capacidad que tiene un pueblo para autogobernarse.
Ahora, la pregunta que me surge es: ¿de verdad se aplicará y respetará a cabalidad lo establecido en el artículo 39 constitucional?, ¿si nosotros los ciudadanos nos uniéramos para modificar nuestra forma de gobierno o para destituir a nuestros malos gobernantes en verdad se nos permitiría hacerlo pacífica o jurídicamente, o necesariamente tendríamos que levantarnos en armas para hacer valer este precepto constitucional?
Lo anterior lo podríamos responder de la siguiente manera: tanto en la práctica como en la doctrina, el pueblo soberano es la única fuente originaria del Derecho, de manera que es solamente a partir de la imposibilidad material del pueblo mismo de ejercer ese poder soberano por si mismo, cuando para el ejercicio de la soberanía se piensa en crear órganos, en quienes depositar ese ejercicio tanto para la producción de las normas jurídicas cuanto para su ejecución.
El Estado de Derecho, o el Estado para el Derecho Constitucional es una organización creada por la Constitución, diferente esencialmente de lo que es la soberanía popular, la cual reside en el pueblo y se instituye para su beneficio en palabras del 39 constitucional. Y el Estado, como tal, es concebido por el mismo Derecho como una persona moral de carácter público, a la que se le encomienda el ejercicio del poder pero, supuestamente para beneficio del pueblo.
Atendiendo a esta doctrina y en la práctica, podríamos decir que en la realidad al existir órganos diversos donde se ejerce ese poder soberano del pueblo, los ciudadanos nos encontramos impedidos para modificar nuestra forma de gobierno y destituir a los malos gobernantes, situación que bajo esta circunstancia pone en tela de juicio la interpretación del 39 constitucional, ya que literalmente expresa que el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno, pero resulta que nuestra Carta Magna es omisa en aclarar que la soberanía del pueblo es ejercida por el Estado y que éste a su vez es el gobierno.
En efecto, hay instancias a donde los ciudadanos podemos recurrir, pero quien decide no es el pueblo propiamente dicho sino órganos que pertenecen, ya sea al Gobierno Federal, Local o Municipal, y que a su vez se encuentran en estrecha relación con los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en los tres niveles de gobierno, por lo que insisto, al final del día el pueblo no es quien decide sino nuestros propios gobernantes. Cabría reflexionar una cita de Nicolás Maquiavelo: “las armas se deben reservar para el último lugar, donde y cuando los otros medios no basten”.
En sentido estricto la democracia es una forma de gobierno, de organización del Estado, en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que le confieren legitimidad a los representantes. En sentido amplio, democracia es una forma de convivencia social en la que los miembros son libres e iguales y las relaciones sociales se establecen de acuerdo a mecanismos contractuales.
La democracia se define también a partir de la clásica clasificación de las formas de gobierno realizada por Platón primero y Aristóteles después, en tres tipos básicos: monarquía (gobierno de uno), aristocracia (gobierno "de los pocos" para Platón), democracia (gobierno de la multitud para Platón y "de los más", para Aristóteles).
Hay democracia directa cuando la decisión es adoptada directamente por los miembros del pueblo. Hay democracia indirecta o representativa cuando la decisión es adoptada por personas reconocidas por el pueblo como sus representantes, como es en nuestro caso. Por último, hay democracia participativa cuando se aplica un modelo político que facilita a los ciudadanos su capacidad de asociarse y organizarse de tal modo que puedan ejercer una influencia directa en las decisiones públicas o cuando se facilita a la ciudadanía amplios mecanismos plebiscitarios. Para un servidor democracia es el gobierno de las mayorías.
Mi pregunta es, ¿realmente existirá o se aplicará la democracia cabalmente en nuestro País? Debemos tomar en cuenta que cuando nuestros gobernantes o nuestros representantes deben tomar decisiones difíciles, trascendentales o que tengan que ver con la economía de nosotros los gobernados o de la Nación misma, traduciéndose esto en un decreto, una reforma, adición, derogación o creación de una ley, en la mayoría de las veces si no es que en todas no se nos consulta ni se somete a nuestra consideración, simplemente se atiende a intereses de grupos de poder, banqueros o círculos empresariales que tengan influencia significativa en nuestro País.
Como ejemplo de lo anterior tenemos el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de Diciembre del año pasado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto a los Depósitos en Efectivo y del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación y del Decreto por el que se establecen las obligaciones que podrán denominarse en Unidades de Inversión; y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado el 1 de abril de 1995, mediante el cual se dieron a conocer una serie de modificaciones en materia fiscal, dentro de ellas, el aumento del 1 por ciento en la tasa de causación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para pasar del 15 al 16 por ciento la tasa general y del 10 al 11 por ciento la aplicable en la región fronteriza, aumento que aparentemente no tiene mayor problema pues de alguna manera obedece a la necesidad que tiene el Estado, como tal, de allegarse una mayor cantidad de recursos que le permitan el desarrollo de sus funciones como la de garantizar la satisfacción del gasto público, sin embargo, dicha modificación a la tasa del IVA, adolece de imperfecciones:
Dentro de la Iniciativa presentada por el Ejecutivo no se propuso reformar los artículos 1o., segundo párrafo ni 2o., primero, segundo y tercer párrafos que son los que prevén la tasa de causación del IVA, es decir, dentro de la Iniciativa no se contempló aumento alguno en la tasa del Impuesto al Valor Agregado.
Pese a lo anterior, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados dictaminó el aumento en la tasa de causación del IVA aún y cuando ello no fue sometido a su consideración en la Iniciativa previamente presentada por el Ejecutivo.
Por esta aprobación sui generis, es que se considera que el proceder del Legislativo se apartó del contexto no sólo lógico sino también jurídico. Del lógico, dado que no es posible aprobar algo no sometido a su consideración, esto es, que al no existir iniciativa respecto al aumento porcentual en la tasa del IVA no se pudo iniciar una discusión al respecto y menos se pudo aprobar. En estricto sentido, la discusión sobre el aumento del IVA careció de materia pues faltó la iniciativa en la que fuera propuesto tal aumento, esto hace que, desde la óptica jurídica, la reforma a la tasa de causación del IVA sea contraria a la legalidad por el quebrando cometido al proceso legislativo que, por mandato Constitucional, todo proyecto de Ley o Decreto debe cumplir.
Es por todo lo anterior por lo que se acredita plena y fehacientemente que a nosotros los gobernados no se nos toma en cuenta en lo absoluto al momento de toma de decisiones que ponen en peligro nuestra economía y nuestros bienes, máxime que también debemos tomar en cuenta que más del noventa por ciento de los legisladores no son abogados, ni economistas, ni politólogos, y en el peor de los casos ni siquiera cuentan con escolaridad ni experiencia alguna, simplemente son líderes sindicales o gente popular o famosa de una u otra forma, como lo son boxeadores, futbolistas, luchadores, tianguistas, actores, prostitutas, cirqueros, revoltosos, locos con poder, éstos últimos que son los más peligrosos como lo hemos visto últimamente en los reality shows que se hacen en el Congreso, que lo convierten en ring o teatro, o porque simplemente son carismáticos, pero lo peor no termina ahí, sino que sus asesores están peor que ellos, ya que también en la mayoría de los casos es gente que tampoco son profesionistas.
Esto lo podríamos evitar, si verdaderamente nosotros los ciudadanos cambiáramos de mentalidad y eligiéramos a nuestros representantes y gobernantes a conciencia, de manera verdaderamente razonada, tomando en cuenta tanto su trayectoria profesional y moral, su experiencia, sus ideales, sus propuestas y la viabilidad de las mismas, así como sus estudios, y no dejarnos llevar ni por la fama ni por el físico, ni promesas incoherentes, la construcción de nuestra democracia también está en nosotros mismos y podemos comenzarla a forjar, no es fácil pero si seguimos esta reflexión es muy probable que estemos en aras de transformar nuestro País e ir impidiendo que los intereses de gente de poder poco a poco vayan desvaneciendo, sin dejar de citar a Maquiavelo “todos ven lo que tú aparentas, pocos advierten lo que tú eres” y “en un gobierno bien instituido, las leyes se ordenan según el bien público, no según la ambición de unos pocos”.
Ahora bien, al gobierno lo podemos definir como el cuerpo o conjunto de instituciones que ostentan el poder del Estado en un momento determinado, o dicho de otra manera, es la organización institucional en la que reside la autoridad del Estado. Son partes integrantes de un gobierno: el Poder Ejecutivo y todas las entidades administrativas que lo componen, incluidos el Ejército y la policía, los parlamentos o congresos, y los tribunales encargados de impartir justicia.
No podemos dejar a un lado el poder, ya que es uno de los conceptos más importantes en el análisis de la política, porque en teoría define, entre otras cosas, la distribución de recursos para el logro de los intereses u objetivos de los individuos y grupos sociales, el reparto de los cargos políticos y, a nivel internacional, la interacción entre las diferentes naciones.
Una de las definiciones más aceptadas de poder es la que formulara Max Weber, en el sentido de conceptualizarlo como la capacidad que tiene una persona o conjunto de personas para imponer su voluntad aún en contra de la voluntad de otra persona. En última instancia, es la capacidad para que un sujeto o grupo determinado acate lo que otro sujeto decida aún en contra de su preferencia.
Nuestra Constitución Política señala en su artículo 40 que es voluntad del pueblo de México constituirse en una república representativa, democrática y federal, en el artículo 49, que el supremo poder de la Federación se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
México es una república porque el poder no se concentra en un solo individuo y la jefatura del Estado no es vitalicia ni hereditaria. Es representativa porque los ciudadanos no ejercen el poder directamente, sino a través de sus representantes ante los órganos de gobierno, esto es, las autoridades toman las decisiones en nombre de los ciudadanos. Es democrática, porque en teoría prevé la elección de los representantes por medio de elecciones libres, auténticas y periódicas. Finalmente, es federal porque está compuesta de estados libres y soberanos en lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación.
Aquí me surge otro cuestionamiento, si nuestro País es democrático porque supuestamente se eligen a nuestros representantes por medio del sufragio universal y directo ¿entonces por qué este principio es contradictorio en nuestra propia Carta Magna, y de acuerdo con sus artículos 52 y 56, 200 diputados y 32 senadores son elegidos por representación proporcional, es decir, sin que nosotros los ciudadanos los elijamos?
Es por lo anterior por lo que los legisladores que son elegidos por sus propios partidos políticos por este principio, nos quebrantan nuestro derecho como ciudadanos a conocerlos y elegirlos directamente, es decir, desconocemos absolutamente a qué tipo de persona, sin campaña previa, o como se dice vulgarmente “por dedazo”, se le conceda este magnífico beneficio y privilegio de ocupar un lugar como legislador y representante del pueblo ante el Congreso, es por lo que propongo que se termine con el principio de representación proporcional, porque más allá de quebrantar el derecho ciudadano de elección directa, libre y universal, también es un gasto millonario e inútil para el erario y que en el cual todos contribuimos al mismo, ya que únicamente bastaría que el Congreso se conformara por 300 diputados y 128 senadores de la República, todos y cada uno de ellos, insisto, elegidos por el principio de mayoría relativa, sin excepción.
No debemos dejar del lado lo que son las políticas públicas, ya que éstas son la disciplina de la ciencia política que tiene por estudio la acción de las autoridades públicas en el seno de la sociedad, aunque en su diseño e implementación técnica confluyen otras disciplinas como la economía, la sociología e incluso la ingeniería y sicología. La pregunta central de las políticas públicas es: ¿qué producen quienes nos gobiernan, para lograr qué resultados y a través de qué medios.
Cabe destacar que las principales áreas de análisis de las políticas públicas son:
• El desarrollo social.
• La economía, la infraestructura carretera, la expansión de las vías generales de comunicación, de las telecomunicaciones, de la salud y de la seguridad pública, la educación, entre otras.
• Los programas sectoriales anuales.
• Los presupuestos anuales para las dependencias centrales, paraestatales, instituciones autónomas y las entidades federativas.
Vale la pena mencionar que la mayoría de un partido, como sucede en el Distrito Federal, en la Asamblea Legislativa, donde prevalece la mayoría del PRD, resulta ser un arma sumamente peligrosa y hasta letal, ya que las decisiones que toman en pláticas de cantina las hacen ley, tal como sucede con el aberrante divorcio unilateral, mejor conocido como divorcio express y el matrimonio entre homosexuales y lo peor de todo que se les permita adoptar, atentando contra la institución de la familia y con el peligro de perversión y abuso de los niños que adopten, en virtud de que la homosexualidad es una severa desviación sexual y más allá de ello es una persona con serios problemas sicológicos.
También es totalmente absurdo, reprobable y antidemocrático que el PAN y el PRD, dejando atrás sus ideologías y que supuestamente no pueden verse ni en pintura, ahora decidan fusionarse en Hidalgo sólo por la infantil estrategia de poder derrotar al PRI de esa manera, esto no es hacer política, es simplemente juego sucio y ciencia ficción, pero como dice el dicho “en la guerra y en el amor todo se vale”
En este siglo XXI, sería bastante aceptable en mi muy humilde opinión que fuera cambiada la forma de votar, es decir, utilizando y aprovechando los alcances de la tecnología, propondría al Instituto Federal Electoral que las votaciones fueran cibernéticas, por medio del internet, o bien, de manera digital por medio de la huella, esto a mi parecer nos ahorraría miles de millones de pesos que se gastan en cada elección, máxime que se tendría mayor transparencia y certeza y un mínimo margen de error, pero más allá de ello serían menos cuestionadas todas y cada una de las votaciones, pudiéndonos evitar otro cierre de la Avenida Reforma como reproche de las pasadas elecciones donde fue ganador Felipe Calderón.
Para concluir y apoyándome en las ideas del gran maestro Jesús Reyes Heroles, un gobierno mayoritario no puede ni debe pretender satisfacer a todos,
complacer a todos es imposible en un régimen democrático; intentar condescender con todos no es gobernar, es moverse atendiendo presiones.
Viene a ser un gobierno sin ideas, por plegarse a ideas de otros, tratar de satisfacer a todos es admitir que se carece de banderas, que no se tienen ideologías ni objetivos trazados, ni tampoco capacidad para alcanzarlos.
Siguiendo líneas ajenas, indefectiblemente se acaba por carecer de línea propia;
medrosos regímenes que simulan tal pretensión (la de gobernar para todos), abrigan inconfesos apetitos totalitarios o están dispuestos a renunciar a lo que es gobierno, a la unidad de la acción estatal, y a caer en aquello que en nuestros días se llama policracia, el poder de muchos fuertes o que aparentan fuerza, el gobierno de variados poderes e incluso seudopoderes.
Cuando ello ocurre se presenta la paradoja de no gobernar para seguir en el gobierno, y en consecuencia se origina la impotencia gubernamental. Un proceso de cambio no significa derruir por derruir: significa conservar lo que debe conservarse y modificar aquello que ante nuevos imperativos, ante nuevas realidades, ante nuevos deseos, hay que modificar.
Muchas gracias.